No cabe la menor duda de que las profesiones sanitarias suelen conllevar un alto porcentaje de continuidad familiar y empresarial de forma bastante generalizada. Y de forma particular, la oficina de farmacia no sólo tiene este componente continuista en la vertiente de titularidad, sino que, en numerosas ocasiones, constituye el sustento laboral y económico de los componentes de la unidad familiar.

Eterna tesitura la que planteamos en el titular de nuestra tribuna empresarial de este mes. Podemos considerar que este abanico de posibilidades revolotea en la mente de cualquier farmacéutico, eso sí, siempre que tenga la posibilidad de una continuidad familiar de su profesión.

La situación de «jubilación activa» ha proporcionado una nueva herramienta al farmacéutico en la última etapa de su actividad profesional. La posibilidad de percibir parte o la totalidad de la prestación derivada de su cotización a la Seguridad Social durante sus últimos años de ejercicio ha incorporado, indudablemente, una vía de planificación económica de la finalización de la actividad empresarial, al frente de la titularidad de la farmacia (ver artículo «Jubilación y farmacia: Al pie del cañón». El Farmacéutico n.º 553, págs. 38-39; octubre 2017. http://elfarmaceutico.es/index.php/tribuna-empresarial/item/8498-jubilacion-y-farmacia-al-pie-del-canon)

Acostumbrados normalmente a noticias agridulces en lo que a fiscalidad se refiere, con la llegada de la resolución emitida por la Dirección General de Tributos (en su reciente consulta vinculante número V0542-18, con fecha de salida del pasado 26 de febrero de este año 2018), nos llega un «soplo de aire fresco».

Conocer los principales incentivos fiscales en el ejercicio de una actividad empresarial (en nuestro caso, una oficina de farmacia) debería constituir, por su impacto económico, una «obligación» para el titular de farmacia.

Dentro de los profesionales que nos dedicamos al asesoramiento fiscal (de oficinas de farmacia en nuestro caso) existen, desde mi punto de vista y experiencia, dos líneas de actuación bastante diferenciadas. Unos que optan por intentar defender al farmacéutico dentro de los límites legales establecidos y con la sana intención de una tributación justa, y otros que prefieren la línea de «negación a todo» y establecer la mecánica del recurso como un modus operandi ante cualquier conclusión que la Agencia Tributaria realice a un procedimiento.

Desde hace más de una década la normativa fiscal española ofrece a las empresas una serie de incentivos fiscales por la contratación de personas con un determinado grado de discapacidad. Y, evidentemente, la oficina de farmacia, en su vertiente empresarial, debe chequear las deducciones en cuota vigentes en nuestro sistema tributario a este tipo de incorporaciones laborales dentro de su plantilla.

Una de las características que definen con carácter general el desarrollo laboral de la oficina de farmacia es su posible longevidad empresarial. Es cierto, por qué no decirlo, que también existen casos de farmacéuticos que, durante su vida económica, realizan diversas transmisiones y compraventas que acaban en una operación final cercana a la edad de jubilación.

Seguramente más de un lector habrá pensado que el título de esta reseña se ha traspapelado en la redacción de una revista especializada en la oficina de farmacia... Pero no, en esta ocasión analizaremos los efectos de una orden o autorización judicial en la oficina de farmacia.

Kramer contra Kramer, la famosa y oscarizada película estrenada en 1980 en nuestro país, me suscita el título de esta nueva tribuna empresarial. Los más jóvenes no conocerán este film estadounidense, que describe las dificultades generadas por un divorcio para la realización como padre de uno de los cónyuges y el mantenimiento de su carrera profesional.